Una de la situaciones problemáticas que viven los adolescentes y niños es el abuso que reciben por parte de sus compañeros o pares. Tal situación si cumple con una serie de requisitos se conoce como bullying. Este tipo de abuso, aparte de lesionar derechos fundamentales, puede tener importantes consecuencias tanto para el niño como su entorno.Uno de los usos negativos de la tecnología es la extensión de este abuso más allá de los límites físicos donde el niño tradicionalmente era maltratado por sus compañeros. De este modo, la víctima es asujetada mas allá de su experiencia territorial en un determinado establecimiento educativo, de recreación, tratamiento, o el que sea. El aumento progresivo de la Internet, y de sus diversos dispositivos de acceso, ha permitido que este abuso se extienda a la experiencia digital de la víctima a través de publicación de información injuriosa y ofensiva, la cual le es enviada directamente (a través de celulares o el e-mail) o a la que accede dado que su grupo de pares lo hace (blogs, fotologs, etc). Como consecuencia aumenta la extensión del abuso hacia la persona, lesionándolo incluso en ámbitos que podrían haber tenido la ventaja de ser más privados. Como consecuencia el abuso continúa fuera de la instancia tradicional en que ocurre, y aumenta el temor y ansiedad del niño o joven.
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En Chile el tema no ha sido suficientemente estudiado, existiendo una creciente preocupación en la opinión pública al respecto. De hecho, se está impulsando un proyecto de ley para castigar el “ciberbullying”, estableciendo sanciones contra quienes ejercen violencia escolar y la difunden por distintos medios de comunicación. La iniciativa modifica el Código Penal, estableciendo que:
“el que, a sabiendas, exhiba o distribuya a través de Internet, material que contenga conductas de acoso, intimidación, abuso o maltrato físico y/o verbal que involucre a menores de 18 años, con el ánimo de hostigar, amenazar o amedrentar a otro, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo".
El proyecto es patrocinado por la diputadas Denise Pascal y Clemira Pacheco
